Declaratoria Mexicana contra la criminalización del VIH

Ciudad de México a 12 de octubre de 2017

Nosotras y nosotros, quienes constituimos la Red mexicana de organizaciones contra la criminalización del VIH –con el apoyo de HIV Justice Worldwide, movimiento global para poner fin a la criminalización del VIH- sostuvimos una reunión de trabajo en la Ciudad de México los días 11 y 12 de octubre de 2017, con el propósito fundamental de reflexionar sobre el avance de la criminalización del VH en nuestro país (tomando en cuenta que a excepción de San Luis Potosí y Aguascalientes, en todos los códigos penales de los estados está estipulado el delito de peligro de contagio) y atender la problemática derivada de la modificación de códigos penales para sancionar la transmisión de VIH o la exposición o transmisión real o percibida del VIH en los estados de Jalisco (2003), Veracruz (2015) -en donde el Grupo Mutisectorial en VIH/sida e ITS del Estado de Veracruz, a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la interposición de una acción de inconstitucionalidad, San Luis Potosí (2016) y Quintana Roo (2017), y prevenir posibles futuros intentos, así como emitir la siguiente declaratoria:

1. El Estado mexicano ha asumido el compromiso de garantizar una respuesta al VIH integral (prevención, diagnóstico oportuno y atención integral) basada en el marco internacional protector de los derechos humanos y con base en la evidencia científica más reciente.

2. No es labor de las autoridades judiciales desarrollar e implementar medidas de prevención de la transmisión del VIH.

3. La penalización del “riesgo o peligro de contagio del VIH” o figuras análogas que aparezcan en las legislaciones de las entidades federativas están generando más daños que beneficios en términos de impacto en la salud pública.

4. De igual manera, dicha penalización atenta contra el respeto y garantía de los derechos humanos al promover el miedo, el estigma y la discriminación y fortalecer la idea de que quien vive con VIH o sida es criminal, peligroso e inmoral.

5. Las formas jurídicas en materia penal que se generan con el delito de “riesgo o peligro de contagio” vulneran a la persona que se presenta para saber su condición de salud al momento de ser notificado como reactivo, ya que se convierte en víctima y victimario del supuesto delito con una pena que va de 3 días hasta 5 años de prisión y una multa de hasta 50 días de salarios mínimos, violentando así, de manera sistemática y permanente, los derechos humanos relacionados a las personas con VIH. Este tipo de acciones contradicen las directrices internacionales sobre VIH y derechos humanos emitidas por el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH/sida (2002), quien en su cuarto punto sostiene que los “Estados deberían reexaminar y reformar las leyes

penales y los sistemas penitenciarios para que concuerden con las obligaciones internacionales de Derechos Humanos y que no se apliquen indebidamente en el contexto del VIH ni se utilicen contra las poblaciones clave de mayor riesgo”.

6. Las evidencias científicas señalan que legislar el “riesgo, peligro de contagio” o figuras análogas y castigarle no cambia comportamientos, no previene nuevas infecciones ni reduce la vulnerabilidad femenina. Por el contrario, dichas penalizaciones menoscaban los esfuerzos de la prevención y el autocuidado, descargando la responsabilidad a quién tiene VIH, dando falsa seguridad. También acaba con los intentos de impulsar la prueba rápida, y el apego al tratamiento antirretrovirales como medidas preventivas y con la perspectiva de reducir el estigma y la discriminación. Por ello deben ser derogadas.

7. Los derechos humanos ponen el énfasis en la protección de la dignidad de las personas, incluyendo sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos, buscando crear condiciones en las que todas las personas puedan realizar elecciones autónomas, libres e informadas en relación a su salud, su vida sexual y su salud reproductiva.

Estas condiciones incluyen: a) derecho a la información libre basada en evidencia científica, a herramientas y tecnologías de prevención de VIH y el derecho a tomar decisiones respecto a temas íntimos y privados como el sexo, la sexualidad y el embarazo; b) el respeto a derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) en el uso de datos personales ; c) la ausencia de toda forma de violencia de género, de agresiones a la integridad corporal, de violación dentro y fuera del matrimonio y toda forma de coacción y coerción sexual; d) el fin de detenciones arbitrarias y privación ilegal de la libertad, la búsqueda del reconocimiento del trabajo sexual, la implementación de medidas de reducción del daño a personas usuarios de drogas inyectables y, el fin del estigma hacia las relaciones entre personas del mismo sexo.

8. Las políticas públicas dirigidas a que las personas se acerquen a realizarse la prueba, buscar apoyo, tratamiento oportuno y revelar, sin riesgo, su condición de salud, representan una mejor alternativa que la utilización de la ley penal para dar una respuesta efectiva al VIH.

9. En los Estados Unidos Mexicanos restringir, negar, anular y menoscabar la dignidad, los derechos y libertades de las personas por motivos de salud, fenotipo, apariencia, estado socioeconómico, preferencia u orientación sexual o identidad de género, estado migratorio y religión entre otras distinciones culturales, sociales

y económicas están prohibidos. Por este motivo, criminalizar a las personas por su condición de salud se vuelve un acto condenable.

10. La erradicación del VIH es uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible planteados por la Organización de las Naciones Unidas y para lograrlo se requiere de ejecutar acciones que se encuentran plenamente identificadas y dirigidas a diagnosticar y garantizar la atención integral y el apego al tratamiento en entornos sociales libres de estigma y discriminación.

11. Privar de la libertad a las personas por su condición de salud atenta en contra de su derecho a la igualdad jurídica, el derecho a la no discriminación, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la protección de la salud, y el derecho a la atención médica de calidad, oportuna, segura y eficaz.

De esta manera, las organizaciones integrantes de la Red mexicana de organizaciones contra la criminalización del VIH nos pronunciamos contra cualquier forma de criminalización de la transmisión del VIH, ya que atenta contra los derechos humanos, y nos coloca a todas las personas en un contexto de riesgo y vulnerabilidad frente al VIH. Las organizaciones y personas firmantes pondremos en marcha las estrategias que sean necesarias para derogar este tipo de leyes y estaremos al pendiente para detener cualquier futuro intento de criminalización.

 

Declaratoria Mexicana contra la criminalización del VIH

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